• El ex gobernador Emilio González despojó a los ejidatarios en beneficio del empresario José María Andrés Villalobos
Momento
en el que los efectivos de la Fiscalía General retiraron la valla que
impedía la circulación en la carretera federal 200. Foto La Jornada
Jalisco
Analy S. Nuño y Sergio Hernández.-
Este
domingo, autoridades estatales liberaron el acceso a la playa de
Tenacatita, luego de dos años y 10 meses en los que estuvo bloqueado el
paso –tomando un tramo de la carretera federal 200– por parte del
empresario José María Andrés Villalobos y apoyado en su momento por la
administración de Emilio González Márquez.
A las 10 horas de ayer, el gobierno estatal concentró a su personal
en Melaque, lugar desde donde se trasladaron por tierra hasta la playa
de Tenacatita, en el municipio de La Huerta. Ahí procedieron a liberar
el ingreso de la carretera número 200, Barra de Navidad-Puerto Vallarta,
en el kilómetro 7 del ramal Tenacatita.
De acuerdo con información del gobierno del estado, el operativo transcurrió sin incidentes.
“Los agentes notificaron al personal de seguridad que se encontraba
en la garita de acceso que a partir de ese momento se liberaba el acceso
carretero, con independencia de los procedimientos legales que
existen”, señala el comunicado del gobierno de Jalisco. “Los agentes
procedieron a quitar la garita, las barreras y alambrado del lugar”.
A las 15:30 horas, el ingreso y el derecho de paso quedaron liberados, luego de la obstrucción impuesta el 4 de agosto de 2010.
El comunicado añade que el alcalde de La Huerta, Jesús Julián de Niz
Sánchez, firmó un documento compromiso en el que se establece que no
otorgará ningun tipo de licencia, autorización o permiso en la zona
federal marítima terrestre.
La playa, un bien de la nación
Hasta la noche de ayer, el gobierno del estado no informó sobre las
repercusiones jurídicas para Andrés Villalobos, quien, con apoyo del ex
gobernador Emilio González Márquez, además de mantener la obstrucción de
la vía federal –lo cual es calificado como delito–, cometió una serie
de desacatos a resoluciones del Tribunal de lo Administrativo del Estado
(TAE), hecho que también se debe sancionar.
En campaña, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz prometió resolver
el problema de Tenacatita y liberar la bahía el primer día de su
gobierno.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Sandoval Díaz regresó a la zona para
realizar la instalación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de
la Costa Sur, en La Huerta. Ahí prometió que se instalarían mesas de
diálogo para abrir la playa, lo que no agradó a vecinos desalojados por
Andrés Villalobos y derivó en una serie de reclamos.
Al finalizar el evento se acercó un lugareño, Fausto Robles, quien le
recordó al mandatario su promesa de abrir la playa en los primeros días
de su gobierno, habiendo pasado ya tres meses. El gobernador argumentó
que elementos jurídicos obstaculizaban la resolución del problema.
“Yo le contesté que no, que era una playa pública, un bien de la
nación y que debe estar abierta y no secuestrada, y está secuestrada y
eso es un delito federal. Esto es un tema político”, declaró ese día
Fausto Robles a medios de comunicación.
En reacción a estos reclamos y a fin de cumplir su promesa, Sandoval
Díaz ordenó al secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, y a
uno de sus colaboradores más cercanos, Alberto Lamas, sostener una
reunión con los afectados por el cierre de la playa.
Ésta se concreto el miércoles pasado, durante la cual, según Zamora
Jiménez, los pobladores sólo exigieron la liberación de la bahía. La
contraparte no estuvo presente en dicha reunión; aunque el 14 de marzo
de este año, durante el cambio de la Mesa Directiva de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, se encontraron Sandoval
Díaz y Andrés Villalobos, quienes estuvieron juntos todo el evento.
La bahía de Tenacatita fue “secuestrada” luego de que la madrugada
del 4 de agosto de 2010, 150 policías estatales arribaran de manera
sorpresiva a la zona para expulsar violentamente a los habitantes del
lugar con base en una orden de desalojo emitida por el juez de
Cihuatlán, Victoriano González
El acceso a la playa quedó liberado a las 15:30 horas. Foto La Jornada Jalisco
De acuerdo con las autoridades, el desalojo fue en cumplimiento del
exhorto 32/99 del expediente 855/93 derivado del juicio de garantías
1569/72 del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Jalisco, el cual
ordenaba la reposesión de las 42 hectáreas que presuntamente pertenecen a
la firma Rodenas Inmobiliaria; no obstante, durante el enfrentamiento,
también se llevaron a cabo desalojos en predios ajenos a la empresa,
además del bloqueo con una malla ciclónica en la carretera que conduce a
la playa.
Lo anterior provocó que actores políticos de todos los partidos
intervinieran en el caso bajo el argumento de mediar en el tema
presentando puntos de acuerdo que nunca avanzaron, así como la
implicación de distintas instancias como la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la ahora extinta Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco (PGJ), las cuales abrieron
investigaciones sin que alguna haya dado resultados.
A fin de tratar de recuperar sus predios, los pobladores y
comerciantes desalojados realizaron manifestaciones tanto en la capital
del estado como en la localidad de La Huerta, además acudieron a la
Cámara de Diputados donde lograron que se conformara una comisión
especial para atender el caso, la cual tampoco dio soluciones a la
problemática.
Los afectados por el desalojo realizaron dos intentonas de
recuperación de sus tierras p: la primera fue en octubre del 2010,
cuando alrededor de 300 habitantes encabezados por David Hernández Pérez
y Salvador Caro Cabrera –en ese entonces diputados federales del PRI–
pretendieron entrar a la playa derrumbando el bloqueo que se mantenía en
la carretera, resultando 50 lugareños con lesiones y quemaduras
provocadas por el gas pimienta arrojado por los gendarmes que
custodiaban hasta ayer el lugar, además de habitantes con contusiones
leves.
El segundo intento se realizó en diciembre del mismo año, de una
manera más pacífica, cuando al menos 150 habitantes y comerciantes del
lugar lograron por primera vez en cuatro meses entrar vía marítima a la
playa, donde hicieron un festejo por unas horas y más tarde se
retiraron.
Tras estos hechos, los pobladores dejaron en manos de actores
políticos la solución a la problemática, lo que derivó en que por lo
menos en cuatro ocasiones se les asegurara que la situación estaba a
punto de resolverse ante la firma de un acuerdo, la cual sigue pendiente
en la Secretaría de Gobernación.
Ante la falta de respuesta a sus exigencias, los habitantes optaron
por actuar por la vía jurídica y solicitaron al ayuntamiento de La
Huerta que pidiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) la concesión de la zona federal marítima de la
bahía de Tenacatita. La Semarnat aún no emite el resultado del
otorgamiento de la concesión pese a que ya pasaron 4 meses de que
venció.
La costa de Jalisco sufre un acelerado proceso de privatización de
playas. Una de las últimas donde se obstruye el acceso es Careyitos,
también en el municipio de La Huerta, en la que empresarios pretenden
quedarse con la zona promoviendo el proyecto denominado Marina Careyes
que implica además el dragado del estero para recibir embarcaciones. El
proyecto se encuentra detenido.
Una
de las razones por las que se liberó el acceso a Tenacatita es debido a
que la carretera que conduce a la playa era federal. ARCHIVO
Por la mañana se presentaron elementos de la FGE y liberaron el derecho del paso.